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DECÁLOGO DE MEDIDAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA UN URBANISMO SOSTENIBLE
POR GREENPEACE
PROPUESTA PARA UNA MEJORA DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Greenpeace considera que no existen fórmulas mágicas para solventar el grave problema de crecimiento descontrolado en el que está inmerso el territorio español. Sin una concienciación colectiva y sin una erradicación inmediata del modelo de crecimiento pronto la situación será irreversible. Por tanto, es necesaria una voluntad colectiva de cambio, especialmente en dos aspectos: la redacción de los planeamientos urbanísticos (territoriales, generales o municipales), así como la disciplina urbanística.
1. Deben modificarse los criterio de planificación urbanística, partiendo de la protección de todo el suelo no urbanizable y de la obligación de demostrar la necesidad y racionalidad de modificación de esa protección por necesidades de crecimiento de los núcleos de población.
2. Los modelos territoriales del planeamiento deben tener un marco de referencia supramunicipal que dé una coherencia territorial y de funcionamiento de los servicios, del abastecimiento y de los equipamientos.
3. El crecimiento urbanístico debe limitarse al 10% de incremento en cada planeamiento. Al mismo tiempo debe impedirse la recalificación de suelo hasta que no se haya ejecutado, al menos, el 90% del suelo clasificado en el planeamiento general en vigor. Es imprescindible acabar con el urbanismo concertado a través de los convenios urbanísticos, contratos privados entre los constructores y el ayuntamiento para hacer modificaciones a los planes de ordenación urbana.
4. En los municipios litorales, tanto las comunidades autónomas como los municipios deben decretar la prohibición de construcción en la franja no ocupada de los primeros 500 metros de costa.
5. Los planeamientos territoriales y generales o municipales nunca deben responder a intereses privados de promotores, grupos de presión o personas próximas a quienes ostentan la facultad de decisión en el proceso de tramitación y aprobación del planeamiento urbanístico o su ejecución.
6. Deben articularse los mecanismos necesarios para establecer procesos efectivos de participación ciudadana y control del urbanismo, tanto en la fase de redacción de los planes territoriales, como para los planes generales o municipales, así como en el proceso de desarrollo y ejecución de éstos.
7. Deben reducirse las posibilidades de cambios de clasificación de suelos no urbanizables a urbanos o urbanizables, así como de los cambios de uso e incremento de edificabilidad y densidad, circunscribiendo dichos cambios exclusivamente a las revisiones o adaptaciones de los planes generales o municipales. Deben prohibirse expresamente cambios a través de modificaciones puntuales de los planes urbanísticos.
8. La planificación urbanística debe priorizar el mantenimiento del paisaje, así como de la estructura y tipología de los núcleos urbanos. Asimismo debe priorizarse la concentración urbana mediante la rehabilitación de los núcleos urbanos existentes y la remodelación de los degradados,evitando ocupar nuevas superficies de suelo en el exterior de los cascos urbanos.
9. La planificación urbanística debe identificar las necesidades de los recursos básicos: energía, agua, etc. y establecer para ellos fórmulas de gestión sostenible. Los informes de la Administración en materia de agua (garantía de abastecimiento) y de energía deben ser obligatorios y vinculantes antes de la aprobación de un plan urbanístico o de realizar una modificación del mismo. Además, los planes urbanísticos deben contemplar obligatoriamente la demanda de servicios que generará (depuración de aguas residuales, recogida y reciclaje de residuos...).
10. Deben prohibirse los proyectos edificatorios de tipo residencial ligados a instalaciones insostenibles tales como los campos de golf, canales fluviales o marinos y nuevos puertos deportivos.
TRASVASE DEL SEGRE, NO
La intención de la Generalitat de Cataluña de trasvasar agua del Segre a la cuenca del Llobregat ha vuelto a encender las alarmas en Chunta Aragonesista, que ha repetido hasta la saciedad que el fantasma del trasvase del Ebro sigue latente. El diputado y portavoz de Medio Ambiente de CHA, Bizén Fuster, ha afirmado que si se autorizara un trasvase como el propuesto por la Generalitat, aunque fuera temporal y no muy voluminoso, tendría consecuencias gravísimas al convertirse en precedente para otros trasvases mayores y permanentes, como el que reclaman Valencia o Murcia. Para mostrar su más rotundo rechazo a este trasvase, recordar el principio de la unidad de cuenca y exigir el cumplimiento de la legislación vigente -que señala que cualquier actuación de esta naturaleza debe de plantearse por la administración que sea titular efectiva de la competencia, en este caso la estatal- CHA ha presentado una proposición no de ley. Esta iniciativa se verá complementada con una interpelación al Gobierno de Aragón para que detalle su posicionamiento ante las intenciones de la Generalitat. Fuster ha considerado que su respuesta, cuando se conoció la noticia, fue "tardía y poco contundente".
Por su parte, Nieves Ibeas ha advertido de que no se puede esperar a resolver un problema, en este caso la falta de agua para consumo urbano, "cuando el vaso ya está colmado" sino que hay que trabajar desde mucho antes con los principios de la Nueva Cultura del Agua, promoviendo un uso racional y una gestión eficiente de los recursos. En este sentido, CHA también ha presentado una proposición no de ley sobre medidas de apoyo a la utilización eficiente de los usos urbanos del agua.
Estos son los textos de las tres iniciativas de CHA:
1. Interpelación: ¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón en relación al Trasvase del Ebro, y en particular a la nueva propuesta planteada de trasnferencia de caudales entre el Segre y el Llobregat?
2. PNL: Las Cortes de Aragón, en coherencia con los acuerdos adoptados por la cámara, y como representantes de la firme y decidida voluntad del pueblo aragonés, reiterada y masivamente expresada, contra cualquier Trasvase de agua de la Cuenca del Ebro a otras cuencas, instan al Gobierno de Aragón a expresar y trasladar a la Genereralitat de Catalunya y al Gobierno de España:
a) su rechazo rotundo a la propuesta de trasvase del Segre (Cuenca del Ebro) al Llobregat (Cuencas Internas de Cataluña) planteada por la Agencia Catalana del Agua y el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya.
b) el recordatorio de que cualquier actuación de esta naturaleza debe plantearse por la administración que sea titular efectiva de la competencia (en este caso, la estatal) y con escrupuloso respeto a la legislación europea (Directiva Marco del Agua), estatal (Ley del Agua, Ley del Plan Hidrológico Nacional, además de los estatutos de Autonomía, como los nuevos de Aragón y Cataluña) así como la sectorial autonómica que resulte de aplicación.
c) la sugerencia de buscar fórmulas alternativas más viables económica y jurídicamente, que respeten el principio de unidad de cuenca y que no se constituyan en precedentes que alienten otros trasvases del Ebro de carácter permanente y mayores magnitudes.
3. PNL: Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
a) Apoyar técnica y económicamente cuantas iniciativas y programas planteen los ayuntamientos aragoneses, en el ámbito de sus competencias, que tengan por objeto una utilización y reutilización más eficiente y racional de los consumos urbanos del agua.
b) Trasladar al Ministerio de Medio Ambiente la necesidad de priorizar y potenciar los programas y proyectos para la eficiencia en la utilización y reutilización del agua en las ciudades españolas, así como la conveniencia de realizar el seguimiento correspondiente que permita evaluar, de forma continuada, los niveles de eficiencia alcanzados.
