CONTRA LA SUBIDA DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN LA MUELA
El Ligallo de CHA en La Muela considera inmoral la subida de impuestos aprobada esta mañana en pleno y que va a suponer que el impuesto del IBI registre una subida del 21,428%. Adrián Tello, secretario de CHA-Valdejalón, considera que llevar a cabo subidas como ésta en tiempos de crisis da cuenta del talante de las personas que están al frente del ayuntamiento.
En este sentido ha recordado que mientras municipios como Ateca o La Almunia de Doña Godina han procedido a congelar todas las tasas municipales para ayudar a los vecinos en tiempos de crisis, La Muela ha procedido a subir el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, el que se aplica mayoritariamente, de un 0.7 a un 0.85, lo que supone una subida de un 21.428%.
En este sentido ha recordado que ya el año pasado este impuesto pasó del 0,6 al 0,7%, mientras que el de circulación subió un 12% y el de basuras alcanzó una subida del 11,8%.
DISCRECIONALIDAD DEL GOBIERNO Y VOLUNTAD POLÍTICA DE ATAJAR EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN DE LA MUELA. POR NIEVES IBEAS VUELTA, PRESIDENTA NAZIONAL DE CHA
El Blog de Nieves Ibeas Vuelta, Presidenta Nazional de CHA y Diputada de CHA en las Cortes de Aragón.
El Justicia de Aragón hizo público ayer el informe que CHA le solicitó acerca de la pertinencia de que el Gobierno de Aragón iniciara acciones para la disolución del Ayuntamiento de la Muela, y sobre la necesidad de contextualizar el informe de la Comisión Jurídica Asesora que señalaba, entre otras cuestiones, el atenuante de que la alcaldesa de La Muela siguiera en la cárcel… cuando días después saldría para ocupar el puesto desde el que, supuestamente, cometió todos los delitos de los que está imputada.
Y el caso de La Muela, quiera o no el Gobierno de Aragón que se hable del tema (que no quiere, para qué vamos a engañarnos), sigue siendo escandalosamente grave.
Es más, seguimos pensando que el Gobierno de Aragón debe rectificar su postura y solicitar al Consejo de Ministros que disuelva el ayuntamiento de La Muela ya que la situación actual, con la alcaldesa imputada al frente, es inadmisible en una democracia.
El hecho de que los medios de comunicación ya no abran sus diarios y sus programas con el escándalo de corrupción de La Muela no significa -ni muchísimo menos- que el tema haya dejado de ser grave. Lo que ocurre es que al Gobierno PSOE-PAR se le acumulan los temas y las malas noticias, y unas se van sucediendo a otras ante la opinión pública: la pésima negociación de la deuda histórica, el visto bueno a un modelo de financiación autonómica que beneficia a otras comunidades autónomas en detrimento de Aragón, un nuevo e injustificado descenso de las inversiones del Estado en Aragón, las incertidumbres de la planta de Opel en Figueruelas, la destrucción de empleo en las comarcas turolenses, en el Alto Gállego, en Tarazona y el Moncayo, en el Aranda…
El informe del Justicia señala que se trata de una cuestión discrecional del Gobierno de Aragón y en CHA consideramos que concurren las circunstancias del artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local para que se procediera a esa disolución. Por ello, volvemos a reclamar que el Gobierno de Aragón actúe con valentía en este tema, por mucho que Mª Victoria Pinilla haya sido ensalzada públicamente por José Ángel Biel, Presidente del PAR y Vicepresidente del Gobierno de Aragón, durante años, como un ejemplo de municipalismo a seguir… ¡Qué paradojas tiene la vida!
El informe, a pesar de que no considera que deba valorar estas cuestiones, reconoce que el Gobierno de Aragón ha tomado una decisión discrecional de carácter político a la hora de no reclamar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de La Muela. Y José Luis (Pepe) Soro, Vicesecretario General de CHA, tiene razón al señalar en la Nota de Prensa que hemos enviado a los medios que “dado que el Gobierno actúa con discrecionalidad, lo lógico, ante una situación inadmisible como la que está ocurriendo, sería que dejen de mirar hacia otro lado y actúen en defensa de los valores y la ética política“.
La situación del Ayuntamiento de La Muela sigue siendo insostenible e inadmisible desde el punto de vista político y, por respeto a los vecinos y vecinas de la localidad, ni la alcaldesa ni los concejales imputados deberían continuar ejerciendo sus cargos. ¿Quién puede defender que alguien que tiene las imputaciones de delitos que tiene pueda volver a ocupar el cargo desde el que, supuestamente, cometió tales delitos? Desde luego, no es razonable, al menos hasta que no se celebre el juicio oportuno.
La realidad es que Mª Victoria Pinilla y los concejales imputados vuelven a estar en el control del Ayuntamiento y que el municipio se encuentra en una situación de desgobierno total que está acarreando la pérdida de subvenciones, la falta de servicios y la actividad normal de la localidad.
Discrecionalidad, voluntad política… ¿a qué está esperando Marcelino Iglesias para actuar? O, mejor dicho, ¿tiene acaso algún impedimiento para hacerlo?
Insisto, para CHA, el Gobierno de Aragón puede solicitar la disolución del Ayuntamiento y debería hacerlo. Por mucho menos, ante la corrupción política destapada en otras comunidades autónomas, el PSOE está levantando la voz en nombre de la dignidad de la actividad política. ¿Por qué aquí, en Aragón, no?
EL GOBIERNO DE ARAGÓN DEBE RECLAMAR LA DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA
El Vicesecretario General de CHA, José Luis Soro, considera que “el informe del Justicia señala que se trata de una cuestión discrecional del Gobierno de Aragón y consideramos que concurren las circunstancias del artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local”.
CHA reclama al Gobierno de Aragón que rectifique su postura y solicite al Consejo de Ministros que disuelva el ayuntamiento de La Muela ya que la situación actual, con la Alcaldesa imputada al frente, es inadmisible en una democracia. El informe emitido por el Justicia de Aragón, a petición de CHA, a pesar de que no considera que deba valorar estas cuestiones, reconoce que el Gobierno de Aragón ha tomado una decisión discrecional de carácter político a la hora de no reclamar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de La Muela. Para José Luis Soro, Vicesecretario General de CHA, “dado que el Gobierno actúa con discrecionalidad, lo lógico, ante una situación inadmisible como la que está ocurriendo, sería que dejen de mirar hacia otro lado y actúen en defensa de los valores y la ética política.
José Luis Soro, Vicesecretario General de CHA, señala que “la situación del Ayuntamiento de La Muela es insostenible e inadmisible desde el punto de vista político. Por respeto a los vecinos/as, ni la Alcaldesa ni el concejal imputado deberían continuar ejerciendo sus cargos. El municipio se encuentra en estos momentos en una situación de desgobierno total que está acarreando la pérdida de subvenciones, la falta de servicios y la actividad normal de la localidad” – señala José Luis Soro.
INTERVENCIÓN DE CHESÚS BERNAL BERNAL EN EL DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 230/09, SOBRE LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA
El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.
Señorías.
En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.
Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.
Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.
Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.
Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.
¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.
En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?
Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.
Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.
Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.
¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy». [Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]
Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]
Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.
Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.
El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.
Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.
Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!
Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.
Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
[Aplausos desde la tribuna de público.]
CRÍTICA POR LA DELEGACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE URBANISMO A UNO DE LOS IMPUTADOS DE LA TRAMA
Adrián Tello, secretario de CHA-Valdejalón, ha indicado que las decisiones tomadas hoy en pleno hacen urgente una respuesta por parte del Gobierno de Aragón, que no puede seguir haciendo la vista gorda. El ligallo de CHA en La Muela ha calificado de “deplorable, hilarante y absolutamente irresponsable”, la decisión tomada hoy en pleno de delegar las competencias de Urbanismo en la persona del concejal Fernando Barba, imputado en un proceso judicial y acusado de posible corrupción. Adrián Tello ha indicado que esta decisión denigra aún más a la clase política, que con actuaciones como ésta se burla de los ciudadanos. Tello ha señalado que ya es hora de que el “Gobierno de Aragón tome cartas en el asunto y se dirija al Consejo de Ministros para que proceda a disolver este ayuntamiento, en el que imputados en un posible caso de corrupción hacen y deshacen a su antojo”. En ese mismo pleno también se ha procedido a restituir el sueldo a la Teniente de Alcaldesa, Ana Cristina Mateo, y se ha aprobado la prórroga de un crédito de 2.000.000 de euros para impagos. “La situación económica del ayuntamiento es de bancarrota, pero aquí hasta el último momento todos quieren chupar del bote”, ha destacado Tello.
CHA SOLICITA AL JUSTICIA DE ARAGÓN UN INFORME SOBRE LA DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA
La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha señalado que “también reclamamos al Justicia que, tras los cambios producidos en el sumario de La Muela, se dirija al Gobierno de Aragón recomendándole que solicite a la Comisión Jurídica Asesora un nuevo informe relativo a la posibilidad de disolver el ayuntamiento”.
Por su parte, el coordinador de CHA-La Muela, Pedro Bartolomé, ha señalado que “los vecinos/as sufrimos las consecuencias de la falta de gestión. Estamos ante un ayuntamiento inactivo que pierde subvenciones, deja de prestar servicios y se colapsa toda la actividad municipal. Se trata de una situación insostenible”.
Los representantes de CHA han mantenido también un encuentro con el Justicia de Aragón. La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha hecho hincapié en la necesidad de acabar con la situación insostenible que se vive en La Muela.
OPERACIÓN "TOTEM", POR ADRIÁN TELLO GIMENO
Totana es una ciudad murciana de 28.976 habitantes. A finales de noviembre de 2007, se destapó una trama de corrupción urbanística, más conocida como Operación “Totem”. En dicha operación, fueron detenidos el alcalde -José Martínez Andreo-, la secretaria municipal, el jefe de la policía local, el ex alcalde y ahora diputado autonómico, su ex mujer y su actual compañera sentimental. Posteriormente hubo más detenciones. El alcalde, del Partido Popular, pasó dos meses en la cárcel, salió bajo fianza y volvió a ejercer el cargo como si no hubiera pasado nada. La ciudadanía murciana escandalizada por la situación. ¿No suena parecida la melodía a otra operación parecida desarrollada en una localidad de la comarca de Valdejalón, en Aragón?
El pasado mes de julio, el PSOE de Totana pidió al Congreso de los Diputados que disolviera el Ayuntamiento y que convocara nuevas elecciones, justamente el mes en que María Victoria Pinilla Bielsa, salió de prisión bajo fianza y se sentó en el sillón de la alcaldía de La Muela, como si la Operación “Molinos” no fuera con ella. Según fuentes del PSOE de la Región de Murcia, y en palabras de Juan Francisco Otálora, Secretario General del PSOE de Totana, “el empecinamiento del alcalde está perjudicando seriamente el desarrollo económico y el futuro de Totana; que la crítica situación económica de más de 80 millones de euros de deuda, y el clima de confrontación social que está provocando como estrategia de defensa son nefastos para la convivencia y para poder superar el complicado momento de un pueblo que tiene un alcalde imputado por nueve delitos gravísimos y que, de momento, ha estado dos meses en la cárcel“. ¿Sigue sonando la melodía igual?
Mientras tanto, en Aragón, el PSOE junto al PAR, rechazaron la semana pasada una Proposición No de Ley (PNL) de Chunta Aragonesista (CHA) para que el Gobierno de Aragón solicitara al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de La Muela.Don Carlos María Tomás Navarro, diputado socialista en las Cortes de Aragón, que casualmente es la persona que viene a La Muela a hacer los actos electorales del PSOE, en su defensa para rechazar la propuesta, calificó que esta iniciativa de CHA estaba “abocada al fracaso y al ridículo“. ¿También piensa que el PSOE de Totana y de la Región de Murcia ha hecho el ridículo?, ¿Piensa lo mismo el PSOE de Aragón del PSOE de Telde (Gran Canarias) que también en su día pidieron la disolución de su Ayuntamiento? Si Pablo Iglesias levantara la cabeza…
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